El declive de la Política Agraria Comunitaria

A menos de un año de que entre en vigor la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), diversos colectivos manifiestan su preocupación ante, lo que consideran en muchos aspectos un agravio comparativo. La nueva Política Agraria Común entrará en vigor el próximo 2015 y ya se ha ganado la enemistad de los principales sindicatos agrarios.

Arias Cañete ha tomado la decisión política de que cientos de miles de agricultores y ganaderos que perciben menos 5.000 euros al año en subvenciones de la PAC, vean recortadas esta campaña sus ayudas directas en un 8,64%. Mientras tanto, el 3% de los perceptores que recibe más de 36.765 euros verá incrementadas sus ayudas en 2014. El Ministro consolida así una reducción de más de 425 millones de euros al año para el sector en España. Es el llamado “recorte de la modulación”.

Cuando nació la PAC, España tenía un sector de frutas y hortalizas, “que tenía una preferencia comunitaria muy marcada frente a países terceros; y esa era compensación suficiente”.  Europa contaba con “elementos estabilizadores del mercado”, que garantizaba  los precios, relata Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA).  En la misma línea, el secretario general de la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, afirma que Europa contaba un sistema proteccionista, “donde ciertos productos tenían protección. Además, había un control de aranceles para los productos que venían de fuera”.

Ante esta situación, actualmente, son muchos los que plantean nuevas formas de comercialización para el producto valenciano, a fin de que pueda seguir conservando su cuota de mercado, tanto en el exterior como en el ámbito nacional. “A valencia aún se le identifica con tierra de la naranja, con los cítricos, aunque dentro de España estamos perdiendo mercado”, advierte Víctor Martínez Gómez, Ingeniero Agrónomo  y Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. El ingeniero agrónomo considera éste como un activo primordial que debemos proteger de cara a la protección de la citricultura valenciana en un contexto de economía globalizada. “En mi opinión, tenemos que seguir cultivando productos de calidad”.

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Víctor Martínez explica las novedades de la reforma de la PAC 2014-2020

Uno de los problemas de PAC es que está diseñada de acuerdo a las características de las explotaciones continentales. “Tienen extensiones grandes y nosotros tenemos otra realidad: minifundios”, lamenta Mampel. Nos ha perjudicado mucho que el pago único “se haga por superficie y no por producción, añade. “Es cierto que ha habido una cierta timidez en el recorte de la subvención en las explotaciones grandes”, manifiesta Víctor Martínez. Y añade: “cada vez más la PAC está orientándose a menos apoyo tradicional y más medidas destinadas a conjuntar la oferta, agrupar productores”.

Al respecto de esta cuestión, Ramón Mampel explica que la Organización Mundial del Comercio (OMC) “ha condicionado mucho para fomentar la reestructuración de las extensiones”. Por ejemplo, en países como EEUU “invierten con el fin de estructurar la explotación”. No dan ayudas directas al productor pero sí “tienen financiación para llevar a cabo la remodelación parcelaria, y ese desembolso ya no tienen que hacerlo”.

Sin embargo, en torno a esta cuestión encontramos voces discordantes. Por su parte, el Doctor Martínez se muestra favorable a esta nueva aplicación de las ayudas comunitarias, en su opinión, el cambio al pago por hectárea  “es muy razonable”. Se ha demostrado “empíricamente que no es una ayuda suficiente”, ya que realmente no incrementa la renta del productor. Incrementa la renta “del propietario de tierra, del fabricante de insumos, pero no del productor agrario”.

En este sentido, cabe señalar que en la normativa europea, los pagos de ayuda directa de menos de 100 euros “no se tramitan, en España han subido ese umbral a 300 euros. Y esas ayudas no se harán efectivas”, aporta Martínez. “Consideramos un despropósito que con la excusa de la burocracia que genera la adjudicación de esa ayuda, se le niegue el amparo a una parte tan importante y significativa de agricultores que hacen algo único”, critica enérgicamente al respecto Cristóbal Aguado.

Otro tema de reflexión es la preocupación de los responsables de la PAC por avanzar en la consolidación de una mayor legitimación, orientando la Reforma en un esquema de ayudas directas desacopladas, nucleado por el Pago Básico, coloreado por el “greening” y complementado por diversas ayudas menores.

“¿Por qué no entran en el pago verde los cultivos leñosos que tenemos aquí?, pregunta con escepticismo Ramón Mampel. Asimismo, Cristóbal Aguado, desglosa los argumentos  a favor del desarrollo del pago verde en la Comunitat: “Nadie combate más el cambio climático, ni mejora el elemento paisajístico como los naranjos. Genera mucho más oxígeno que ningún otro cultivo, fija más carbono que ningún otro cultivo, porque son de hoja perenne, ancha y auténticas fábricas en la lucha contra el cambio climático”.

“Es una cuestión que a todos nos preocupa. A medio plazo, España debería redefinir una serie de prácticas de cultivo equivalentes a la rotación de cultivos  para que la citricultura pueda quedar reflejada en el pago verde”, coincide en afirmar Víctor Martínez.

Pero el gran esfuerzo en el objetivo de la imagen y de la legitimación se hace con las limitaciones y requisitos establecidos con el concepto de agricultor activo. Al analizar esta figura surgen las contradicciones arrastradas en la evolución de la PAC, con situaciones diferentes en cada uno de los dos pilares.

En desarrollo rural se permite a los Estados miembros definiciones concretas, diferentes, más o menos limitativas (agricultor a título principal, agricultor profesional). Por el contrario, para los pagos directos del primer pilar, se establece para toda la Unión Europea una definición genérica de agricultor que limita con el absurdo (agricultor es toda persona que ejerce la actividad agraria) y que quedó severamente afectada cuando, para cumplir con los compromisos ante la OMC, se admitió que la actividad agraria podría incluir acciones medioambientales o de otro tipo, sin que necesariamente hubiese producto o aprovechamiento agrario.

Fue el principio de una de las grandes contradicciones de la PAC, que fue puesto en evidencia por el famoso informe del Tribunal de Cuentas, que denunciaba que en determinadas ayudas directas concedidas en algunas regiones del Reino Unido no había absolutamente nada que hacer por el agricultor, pues el Código de Buenas Prácticas estaba redactado en términos negativos. Ahora se pretende corregir esta situación, sin renegar del compromiso ante la OMC, pero bordeándolo más o menos artificiosamente.

Otro aspecto del problema está relacionado con el intento de excluir de los pagos a personas o entidades cuyo fin primordial no fuera la actividad agraria. Ello estaba ya recogido a partir del “Chequeo médico” en la actual reglamentación (Art.28.2 del Reglamento 73/2009), al facultar a los Estados miembros a no conceder pagos directos a las personas físicas o jurídicas cuya actividad agraria represente solo una parte insignificante del conjunto de sus actividades económicas o cuyos objetivos principales no sean el ejercicio de la actividad agraria. De los veintisiete Estados miembros, solamente uno ha hecho uso de esta posibilidad.

“En la reforma de 2014 se estableció qué no es un agricultor activo: como un aeropuerto o una inmobiliaria. Además, los estados miembros pueden añadir más definiciones”, explica Martínez. Aunque si bien es cierto que es una decisión políticamente complicada, para completar esta definición “se buscó un segundo comodín: definir qué es la actividad agraria”, aclara el Doctor. Es entonces cuando se habla de un umbral mínimo de ingresos totales por la producción agraria.

Además, el problema es mucho más complejo cuando se refiere a personas físicas, donde siempre surge el tópico del notario o la duquesa, pero donde es difícil trazar fronteras jurídicas y reglamentarias que no sean discriminatorias. La cuestión tiene relación, también, con la figura del agricultor a tiempo parcial, de gran importancia económica y social, pero difícil de regular.

En definitiva, el “capping” y la reducción de los pagos en función de su volumen ha sido una permanente aspiración de los Servicios de la Comisión para buscar una mayor legitimación de la PAC, pero que siempre ha tropezado en el Consejo, que con sus minorías de bloqueo ha ido permitiendo solo tímidos avances al respecto.

Primero se consiguió la modulación voluntaria, con resultados paradójicos. Gobiernos socialistas franceses se enfrentaron a las organizaciones agrarias y, sobre todo, a la complejidad de cuantificar el empleo agrario o el margen bruto de las explotaciones. En el Reino Unido, tradicional oponente ideológico a la modulación, una encuesta entre los agricultores dio un resultado favorable, puesto que aseguraba mayores recursos públicos al sector, por la exigencia de cofinanciación de los fondos de desarrollo rural, destino de la modulación. De hecho, podría darse el caso de que la explotación agraria modulada recibiese más recursos públicos por ayudas medioambientales que las reducciones de la modulación.

En la modulación de las Reformas de 2003 y del “Chequeo médico” (pagos por encima de 5.000 euros y con mayor intensidad por encima de 300.000 euros), solamente una pequeña parte de los recursos se redistribuía a nivel comunitario, quedando el resto en el propio Estado miembro para desarrollo rural.

La posición ante los debates ha tenido una fuerte carga ideológica. Por una parte, la coherencia y los flujos financieros cuando se proyectaba que los recursos generados se distribuyesen a nivel comunitario. Por otra parte, la resistencia a que las explotaciones con mayor dimensión tuvieran que tener una penalización, contra los que pensaban que la economía de escalas permitía configurar una menor intensidad de ayudas para las grandes explotaciones. Finalmente, el efecto imagen ante la opinión pública, que incide en su percepción de la PAC y de la agricultura europea.

Para completar los elementos de análisis, hay que recordar que en la política agraria de los Estados Unidos de América, frecuente referencia de la PAC para muchas reformas, existe un “capping” incluso absoluto (cero ayudas por encima de determinado nivel), que solo varía ligeramente según la opción política dominante en el momento de la aprobación de la correspondiente “Farm Bill”.

Cultivos alternativos al declive de la naranja

Agricultor activo

Régimen para pequeños agricultores

 

 

 

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